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La semana pasada, la Guardia Indígena
de Jambaló se ganó el Premio Nacional de Paz. Lea una crónica del libro 'No
somos machos pero somos muchos' sobre este maravilloso experimento de
resistencia civil.
Por: Juanita León - Periodista
El 25 de diciembre de 2001, Críspulo Fernández
salió en su motocicleta a las seis
de la mañana desde su casa en la vereda de
Barondillo hacia la cabecera municipal de Jambaló. Había citado a Leonidas Troches
a las siete de la mañana en la sede del Cabildo para que respondiera por las
denuncias hechas en su contra. La noche anterior las familias habían celebrado
hasta el amanecer la fiesta de Navidad y el camino estaba desolado. Fernández
iba distraído, pensando en eso, cuando a los 20 minutos de viaje se topó con un
retén de la guerrilla. Esta vez, como todas las anteriores en las que las Farc
lo habían parado, Fernández se negó a presentarle su cédula al guerrillero que
se lo exigía. Simplemente le dijo con propiedad: "Soy del Comité jurídico del Cabildo"
que hasta ese momento había sido suficiente identificación para que lo dejaran
pasar. Pero no esta vez.
El guerrillero que lo detuvo se sintió
agredido con la respuesta de Fernández. "¿Acaso
no sabe quién es la autoridad en la zona?", le preguntó
ofendido. Críspulo Fernández calló unos segundos antes de contestar. "Si sé quién es la autoridad en la zona y por eso no
tengo por qué seguir sus órdenes- le respondió-. El Cabildo es la autoridad ancestral en Jambaló
".
Fernández es un indígena bajito y reflexivo
que por su estilo pausado aparenta más de los 33 años que tiene. Fue inspector
de Policía durante cinco años hasta que la causa indígena lo absorbió y se
convirtió en el jefe jurídico del Cabildo. El Cabildo es la máxima autoridad de
este resguardo, ubicado en las montañas de la cordillera central de los Andes,
a cuatro horas de Popayán y la última palabra en los conflictos que surgen
entre los 10 mil paeces que integran esta comunidad. El guerrillero, que sólo
conocía el poder que otorgan las armas, lo detuvo durante tres horas, hasta que
un comandante le ordenó por radioteléfono que lo dejara seguir. Fernández
apresuró el paso porque llevaba más de dos horas de retraso. Cuando llegó al
Cabildo descubrió que Leonidas Troches tampoco había asistido al encuentro: la
guerrilla de las Farc lo había retenido a las afueras del pueblo.
Justicia con botas
Troches era un paez de 22 años, que también
vivía en la vereda de Barondillo. Por eso Fernández conocía bien su historia:
Troches era un ladrón de motos. Con un cómplice, les cambiaban las placas y el
color a las motocicletas que hurtaban en las veredas y luego las vendían en la
cabecera de Jambaló o en los municipios vecinos. Un día, sin embargo, Troches se
cogió confianza y robó una moto en el mercado central del resguardo a plena luz
del día. La guardia indígena lo atrapó. En otro lugar, Troches hubiera ido a
parar a la cárcel. Pero como Jambaló es un resguardo que se rige por la
justicia indígena, reconocida en la Constitución de 1991, fue juzgado por el Cabildo
y colgado del cepo, fueteado y obligado a varios meses de trabajo comunitario,
según la ley tradicional. Aunque Troches se comprometió con las autoridades
indígenas a cumplir su castigo y trabajar con la comunidad, tan pronto pudo, se
escapó y se fue a vivir a Santander de Quilichao, un pueblo más grande, a dos
horas de Jambaló. Allí se dedicó nuevamente a robar. Al poco tiempo la Policía lo capturó y
terminó en la cárcel.
Un año después, purgada su condena, apareció
de nuevo en Barondillo y montó una tienda de granos en su vereda. Su éxito fue
arrollador. En un par de meses, su negocio había superado en clientela a las
tiendas de sus paisanos: vendía a mitad de precio. Su compañero de celda en la prisión
era un narcotraficante que le prestó dinero para montar el local y para sembrar
dos hectáreas de amapola que le permitían subsidiar sus abarrotes. Los vecinos,
indignados y al punto de la quiebra, reaccionaron de dos formas. Unos,
siguiendo el procedimiento tradicional, lo demandaron ante el Cabildo Indígena.
Los otros, en cambio, buscaron una vía más rápida para eliminar al rival: le
dijeron a la guerrilla que Troches era paramilitar. Esperaban que las Farc,
como es su costumbre en los territorios donde no hay Estado, ejerciera justicia
y castigara al competidor desleal.
Críspulo Fernández era consciente de que
algunos vecinos habían acusado a Troches de paramilitar y por eso apenas se
enteró de que las Farc lo habían retenido se apresuró a actuar. La guerrilla de
'Tirofijo' es parte del paisaje caucano desde hace más de veinte años. Pero
desde 1991, cuando el Ejército bombardeó los campamentos del Secretariado de
las Farc en la Uribe,
Meta, la cúpula guerrillera se desplazó hacia el Macizo Colombiano y se
dispersó por todo el departamento. Los primeros años se limitaron a atracar
camiones en la carretera Panamericana y a hostigar pueblos, de donde la Policía fue sacando sus
agentes. Pero en 1994, cuando llegaron cientos de empresarios atraídos por las
exenciones tributarias que ofrecía el gobierno para recuperar la zona tras la
tragedia ocasionada por la avalancha del Río Paez, las Farc se dedicaron a
secuestrar a los dueños de las industrias recién instaladas allí.
Algunos industriales abandonaron la zona.
Otros optaron por financiar grupos de autodefensa para protegerse. De esta
forma llegaron los paramilitares al Cauca en 1997. Para el 2000, a punta de masacres,
ya controlaban parte de Santander de Quilichao y otros municipios al norte de
Popayán. Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, había
advertido que no dejaría un solo subversivo vivo en el Cauca y aunque a Jambaló
aún no habían llegado, la guerrilla se sentía acorralada. En plena paranoia,
había intensificado sus controles sobre la población, para evitar que apoyaran
a los paramilitares que rondaban la zona.
Fernández sabía que cualquier sospechoso de
ser auxiliador de las autodefensas, como en ese instante era Troches, tenía las
horas contadas si caía en manos de las Farc. Tantos años de tratar con la
guerrilla le habían enseñado que frente a estos abusos tocaba reaccionar antes
de que fuera demasiado tarde. Por eso ordenó convocar a la guardia indígena
para concertar un plan que permitiera salir a rescatarlo cuanto antes.
Provenientes de ideas
claras
La guardia indígena nació en Jambaló en 1998
como una suerte de ejército durmiente para defender el territorio. La conforman
hombres y mujeres elegidos por la comunidad para mantener el orden, la
disciplina y el control en los resguardos indígenas. El guardia más viejo tiene
sesenta y ocho años y el más joven once. Todos se identifican por la pañoleta
roja que se anudan en el cuello y por su bastón de mando, una varita negra
parecida a la que usan los magos, adornada con borlas de colores según su rango
en la organización. No portan armas, pero tienen una estructura jerárquica
disciplinada, casi militar y una sólida convicción de que en su tierra mandan
los indígenas y nadie más.
La guerrilla y los paramilitares conocen su
fuerza y los respetan hasta el punto que ellos son quizás los únicos que han
logrado presionar un verdadero cese de fuego paramilitar en su zona. En enero
del 2001, las autodefensas empezaron a asesinar indígenas que bajaban de las
veredas los domingos a vender sus cosechas en el mercado de Santander de
Quilichao, el centro de comercio más importante de la región. Como en la parte
alta de las montañas las Farc hacían presencia, los paramilitares culpaban a
los indígenas de ser sus cómplices y de prestarse para abastecer de alimentos a
los hombres de `Tirofijo', una sospecha que siempre recae sobre los habitantes
de las zonas bajo control del bando enemigo.
Ya habían matado a veinte indígenas, cuando el
25 de junio asesinaron a Cristóbal Seguel, un profesor de escuela muy apreciado
en Jambaló. El día en que le dispararon, Seguel estaba llevando a su hermano
herido al hospital y la explicación que él dio sobre las heridas de su pariente
no satisficieron al paramilitar. Para ellos, un herido que viene del campo no
puede ser sino un guerrillero y por eso lo mataron. Seguel era uno de los
líderes más queridos de la región y su muerte rebosó la copa de los indígenas.
Convocaron a la comunidad a una asamblea en Santander de Quilichao para
discutir cómo reaccionar frente a la violencia de las autodefensas y decidieron
organizar una minga con la guardia indígena para rescatar los cuerpos inertes
de los indígenas que habían sido arrojados en los últimos meses por los
paramilitares al río Cauca. Unas ochocientas personas se dividieron en dos
grupos y vadearon el río, buscando cadáveres debajo de los matorrales.
Nerviosos de ver a tantos guardias en lo que
ya consideraban su `territorio liberado', los paramilitares salieron a su
encuentro camuflados como vendedores de helados. Los indígenas conocían sus
métodos de terror y sintieron temor, pero no se dejaron intimidar: los trataron
como heladeros y no como los culpables de los cuerpos desmembrados que
encontraron pudriéndose entre las piedras del río. Más tarde, se reunieron con
el jefe paramilitar de Santander de Quilichao y le exigieron que dejaran en paz
a su comunidad y que además, les entregaran a sus muertos. Les advirtieron que
de ahí en adelante no admitirían que los siguieran tirando al río. "No
somos perros", les dijeron. Después de ese encuentro, las autodefensas
suspendieron las masacres de paeces. Al parecer entendieron que con ellos era
mejor no meterse.
Una memoria da la
guerra al olvido
Cada muerto fortalece a la comunidad indígena.
Así ha sido desde que el conquistador Pedro de Añasco torturó y descuartizó a
Timanaco, el hijo de la
Cacica Gaitana, la mujer que encabezó el ejército indígena
contra los españoles hace más de 500 años. Lejos de intimidar a los aborígenes
con su cruel ejecución, Añasco provocó su levantamiento. Miles de paeces
vengaron la muerte del joven Timanaco sacándole los ojos al conquistador. Así
nació la resistencia indígena, cuyo espíritu es transmitido y enriquecido de
generación en generación.
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En la actualidad es una resistencia absolutamente
civil, pero a principios del siglo XX, el paez Quintín Lame conformó una
guerrilla que promovió la invasión de cientos de haciendas de terratenientes
blancos que durante siglos usurparon su territorio ancestral en el suroccidente
del país. Después de haber recuperado gran parte de sus tierras, pero también
de haber perdido a cientos de miembros de su comunidad, los líderes indígenas
entendieron que el secreto de su fuerza residía en su unidad y no en las armas
y obligaron a los guerrilleros del Quintín Lame a reinsertarse a la vida civil
en 1991. Desde entonces su resistencia es desarmada. "Si yo me armo tengo que matar
o hacerme matar", dice Alfredo Muelas, coordinador de la
guardia en el Consejo Regional Indígena del Cauca. "En cambio ahora le puedo decir a un guerrillero: si
me matas dejas de ser lo que eres. De ser un reivindicado de la lucha del
pueblo te volviste un asesino de hombres desarmados". Heredero de esta
filosofía, Críspulo Fernández no dudó un segundo en ir a rescatar a Troches
aquel 25 de diciembre. Junto con otros indígenas del Cabildo, quemaron un
volador y alertaron a los miembros de la guardia indígena para que se reunieran
en la escuela del pueblo, como habían acordado en sus asambleas.
En menos de media hora, 50 guardias estaban
listos para iniciar la búsqueda de Troches. Con la información de quienes
vieron cuando se lo llevaron amarrado por la montaña, se dividieron en dos
grupos. El primero siguió el camino que suponían habían emprendido con Troches
y el otro tomó un atajo por un camino más escarpado. Fernández subió con tres
guardias en dirección al campamento de la guerrilla, donde él, como la mayoría
de los indígenas de Jambaló, sabía que se encontraban los jefes de ese frente
de las Farc. Tras dos horas de recorrido, llegaron al campamento.
¿Poder de la plabra?
Fernández silbó varias veces para no
sorprenderlos. Nadie respondió. Entonces, entró directo a la cocina del
cambuche de madera donde desayunaban unas guerrilleras. Cuando la primera mujer
lo vio le dijo al guerrillero que estaba echado en una cama viendo televisión,
"Comandante, llegó visita":
El jefe guerrillero se levantó de la cama, se puso las botas y ajustó su arma
en el cinto. Caminó hacia Fernández. "¿Quién
le dio permiso para venir aquí?", le increpó. "No necesito permiso de nadie para andar por mi
tierra"; le replicó Fernández, sosteniéndole la mirada. En
tono desafiante el comandante le advirtió: "Si algo pasa en el campamento, usted es el culpable".
Fernández, sin amilanarse y ejerciendo su autoridad, le replicó: "Es mejor que se calme, vienen dos mil personas detrás
de nosotros".
Fernández no exageraba. Una vez que prendieron
el cuetón que dio la alarma, la información pasó de boca en boca y los guardias
de todos los resguardos se movilizaron. Los indígenas saben que deben abandonar
cualquier oficio que los tenga ocupados e inmediatamente acudir al llamado para
defender su territorio. Lleno de coraje, Fernández confrontó al comandante
guerrillero por el secuestro de Troches."El cabildo es una guarida de paramilitares", dijo el
guerrillero. "Tenemos pruebas de que
ese hombre es un paramilitar". "¿Y cuál es la prueba?",Estos panfletos de las autodefensas",
contestó el guerrillero, agitando en la mano un volante. Fernández desocupó sus
bolsillos atestados de la misma propaganda que distribuyen las autodefensas en
las veredas para anunciar su llegada, reclutar jóvenes e incentivar la delación
de guerrilleros. "Todo el mundo tiene estos papeles, se los dan a uno en
cada esquina", le reprochó Fernández. preguntó Fernández.
"
A un par de kilómetros de allí, el primer
grupo de la guardia indígena encontró el cambuche donde unos treinta
guerrilleros tenían al joven Troches amarrado a un palo. Al verlos, el de mayor
rango que cuidaba al secuestrado soltó una ráfaga de tiros al aire dispersando
a los guardias, que corrieron a esconderse. "Si ustedes se abren les entregamos a este comunero a las tres de la
tarde"; les prometió el guerrillero, que evidentemente estaba
intimidado por la cantidad de hombres y mujeres que esgrimían sus bastones de
mando. Los indígenas creyeron en su palabra y se fueron a darle la noticia a
Fernández. El jefe jurídico del Cabildo alcanzó a alegrarse. Incluso cuando a
las tres y treinta de la tarde entró una llamada al celular del comandante
guerrillero supuso que era para confirmar la liberación de Troches. Pero el
hombre colgó el teléfono y no les dijo nada. Simplemente se puso a limpiar su
arma. Unos minutos después sonaron a lo lejos tres tiros de fusil. Críspulo
Fernández escrutó con su penetrante mirada negra los ojos del guerrillero y le
dijo desde el corazón: "Ustedes son
tan hijueputas que ya lo mataron". Ni Fernández ni los
guardias esperaron la respuesta. Salieron corriendo hacia el cambuche donde
habían dejado a Troches amarrado a un árbol. Ya no estaba. Lo encontraron,
tirado en una cuneta, a hora y media de camino, con tres impactos de bala en la
cabeza.
Ante la confirmación de la ejecución de
Troches, los indígenas que se encontraban en el campamento guerrillero tomaron
una decisión relámpago: les dieron diez minutos a los guerrilleros para que
desbarataran sus carpas y abandonaran la región. Al principio desestimaron la
orden. El comandante trató inclusive de coger su arma para defenderse, pero
inmediatamente los casi cincuenta guardias indígenas que lo rodeaban lo
comenzaron a puyar con sus varitas. Los otros guardias se dividieron en grupos
y formaron círculos alrededor de cada uno de los otros treinta guerrilleros.
Como se vieron acorralados, finalmente hicieron sus morrales y se prepararon
para partir. Los indígenas quemaron lo que quedó del campamento y escoltaron a
los guerrilleros hasta que se internaron en la montaña. Luego volvieron por el
cadáver de Troches.
El poder de la acción
conjunta
Esta no era la primera vez que desterraban a
un grupo armado. En el 2000 habían expulsado a unos narcotraficantes de
Pereira, que instalaron tres laboratorios para procesar cocaína en dos veredas
de Jambaló. Al comienzo muchos indígenas disfrutaron de la nueva fuente de
ingresos, pero muy pronto el pueblo se transformó: los cultivos de café, yuca y
papa fueron rápidamente sustituidos por coca. Los paeces, que no estaban
acostumbrados a tener dinero en efectivo, ansiaron sus bolsillos llenos. Los
adolescentes empezaron a desconocer la autoridad de los mayores. Y los hombres
tomaron más trago que de costumbre, compraron armas, y más de uno cambió a su
mujer por una -o dos- más jóvenes.
Preocupados con la influencia de los
laboratorios, los gobernadores indígenas convocaron a una asamblea para
discutir el asunto. Los indígenas que cultivaban y procesaban la coca
protestaron porque las Farc les cobraba vacuna por cada gramo que sacaban.
Aunque sabían que la guerrilla acostumbraba extorsionar a los raspachines, a
los indígenas les parecía que hacerlo en el resguardo atentaba contra su
autonomía territorial. A los más ancianos les preocupaba que los paramilitares
vinieran detrás de los guerrilleros y de la coca. Y a las mujeres, la
metamorfosis de sus hijos y esposos. Por todas estas razones emprendieron una
minga para expulsar los laboratorios de Jambaló. Les dieron a los
narcotraficantes quince días para salir voluntariamente de la zona. Pero los
narcotraficantes, confiados en la protección que les prestaba la guerrilla,
supusieron que los indígenas serían incapaces de ejecutar la orden. Dos semanas
después, los laboratorios seguían allí.
Vencido el plazo, 3.500 guardias indígenas,
armados con sus bastones con borlas de colores, marcharon hacia la vereda de
Zumbico. Allí ubicaron el primer gran laboratorio de coca. Sacaron a los
trabajadores y luego lo arrasaron con sus machetes. Después tumbaron el
laboratorio en La Mina,
otra vereda de Jambaló. Y así, uno a uno, destruyeron los cinco laboratorios
que había en el resguardo. Arrumaron la madera y los hornos en la carretera,
fuera del perímetro de Jambaló, para que los narcotraficantes o los
guerrilleros se los llevaran. Terminada la minga, volvieron a sus rutinas, como
si nada.
Los narcos abandonaron definitivamente el
resguardo; se trasladaron a otro municipio. Pero la guerrilla sí permaneció en
Jambaló, que uso como refugio para descansar y planear sus operaciones, hasta
el día en que secuestraron y mataron a Troches.
Después de expulsar a las Farc y cerciorarse de que ningún guerrillero se
había quedado atrás, los indígenas velaron y enterraron el cadáver de Troches
en la vereda de Barondillo el 26 de diciembre. Luego el Cabildo sancionó a los
vecinos que lo habían acusado de paramilitar. Fue una dura lección. "Todos en ese momento entendimos",
dice Críspulo Fernández, "que a
nuestros ladrones los juzgamos nosotros y nadie más".
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